Como era de esperar, fue aprobada la ley «gatillo fácil» que le entrega la «legítima defensa privilegiada» a las policías y el aumento de penas para las agresiones que califiquen de delito contra dichos agentes.
En el ámbito de teoría del derecho, como hemos comentado en otras ocasiones, esto es aplicar el «Derecho Penal del Enemigo», de Günther Jakobs. Es decir, retirar los derechos a aquellos sujetos que se consideran enemigos del orden jurídico y tratarlos por fuera del Estado de Derecho (La policía tendrá ahora más atribuciones para agredir que el resto de las personas).
Sin embargo －y aquí la novedad－, sin necesidad de establecer un orden de excepcionalidad jurídica como sería un Estado policial o un Estado de excepción. Es decir, se trata de un Estado de Derecho permanente, pero suspendido para determinados individuos, ahora a criterio de la policía.
Esto muestra que no es necesario un fascismo como el del siglo XX, sino que el totalitarismo actual lo que ha logrado es degradar el contenido -por lo demás, escaso y deficiente- que los liberales crearon para los órdenes jurídicos, con el fin de instalar, en su reemplazo, un totalitarismo selectivo y flexible.
La derecha más liberal no debería sacar cuentas alegres porque esto, evidentemente, no soluciona la existencia de los delitos graves (la propia policía chilena tiene un documentado antecedente de desfalco, venta de armas y vínculo con el narcotráfico) y además, porque esta clase de política en algún momento se sentirá inquieta con todo tipo de libertad, incluyendo el tan etéreo libre mercado.
A la socialdemocracia, incluido el gobierno, le ha tocado el papel que se podía anticipar, administrar con rostro humano el neoliberalismo y el populismo penal; papel que representan, al parecer, con bastante comodidad por el bien superior del «orden institucional» que, como sabemos, es esencialmente la violencia institucional de las clases dominantes.
Y nosotros, quienes creemos en una perspectiva anticapitalista radical, no debiéramos quedarnos en lo gratificante que resulta haber advertido o anticipado esta situación. Es probable que, en este momento, la legislación que apela al populismo penal tenga un real y considerable apoyo popular, lo que significa que un gran número de personas, y quizás la mayoría, hoy encuentra más verosímil la necesidad de este grado de autoritarismo en vez de buscar alternativas radicales a los orígenes del problema: el trabajo precario y la pobreza. Si esta situación ha ocurrido con este apoyo, es porque nuestra labor no ha sido suficiente y hemos perdido verosimilitud frente a los sectores sociales de los que somos parte.
A pesar de la gravedad del escenario, y de la amenaza aun mayor que de ahora en adelante significará enfrentarnos a la represión policial, nos queda, por un lado, la tarea de formular un horizonte anticapitalista que resulte verosímil para un gran sector de la sociedad y, por otro lado, convertir ese horizonte en una estrategia. La lógica de la sola resistencia expresa la aceptación de una derrota que le entrega la iniciativa al mercado y a las instituciones; lógica en la cual no podemos seguir existiendo.
Debemos proponer, actuar y equivocarnos si es necesario, porque el mundo que queremos construir lo vale.